¡ACUDE A LAS MANIFESTACIONES DEL 29 DE ABRIL!
¡PARA QUE NO ACABEN CON TODO! POR QUE CON LA EDUCACIÓN, LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS SOCIALES NO SE JUEGA
ALICANTE Estación Renfe 11.30 h.
VALENCIA Plaza San Agustín 11.30h.
CASTELLÓN Plaza María Agustina 12.30h.
¡ACUDE A LAS MANIFESTACIONES DEL PRIMERO DE MAYO!
POR EL TRABAJO, LA DIGNIDAD, Y LOS DERECHOS ¡NO A LA REFORMA LABORAL! ¡MÁS EMPLEO, MENOS PRECARIEDAD! ¡SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD! ¡POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS SOCIALES! ¡MÁS INVERSIÓN Y MENOS RECORTES! LAS POLÍTICAS SOCIALES Y LA IGUALDAD SON PRINCIPIOS Y DERECHOS IRRENUNCIABLES
VALENCIA Plaza de San Agustín 11.30 h
ALICANTE Escalinatas del Instituto Jorge Juan 11.30 h.
CASTELLÓN Calle San Luis 11.30 h.
ALCOI Paseo de la Alameda 11.00 h.
ELCHE Plaza Barcelona 11.00 h.
http://www.ugt-pv.es
jueves, 26 de abril de 2012
Un juez de Madrid plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral
LA LEY 3697/2012
El juez José Ángel Folguera Crespo, adscrito al Juzgado de lo Social número 30 de Madrid, ha elevado cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP a raíz del caso de tres trabajadores que fueron despedidos de su empresa por causas disciplinarias y que recurrieron a los tribunales por entender que sus despidos eran improcedentes.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Folguera duda de que esté justificado el vehículo elegido para aprobar la reforma, un Decreto Ley, para el que se exigen razones de extraordinaria y urgente necesidad ( artículo 86.1 de la Constitución).
El juez también argumenta su cuestión de inconstitucionalidad en la posible vulneración de la tutela judicial del trabajador frente al despido (artículo 24 de la Carta Magna), del derecho a la igualdad (artículo 14) y del derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales, especialmente en desempleo (artículo 41).
Las dudas del juez sobre la constitucionalidad de esta norma surgen, sobre todo, a raíz de la nueva regulación que da la reforma a los salarios de tramitación (aquellos dejados de percibir desde el despido hasta la sentencia judicial), que sólo son abonables en los casos en los que, tras declararse improcedente el despido, el empresario opta por readmitir al trabajador.
Si, por el contrario, opta por indemnizarle en lugar de readmitirle, el trabajador no tiene derecho a percibir los salarios de tramitación, pero, si ha acumulado derechos suficientes, podrá acceder a las prestaciones por desempleo, "sin responsabilidad empresarial alguna" sobre el periodo transcurrido desde el despido hasta la emisión del fallo judicial.
"Es la transferencia al empresario de la opción de abonar o no salarios de tramitación y los términos de tal atribución lo que constituye el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad", expone el juez.
Antes de la reforma laboral, cuando un despido era declarado improcedente, el empresario podía elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarle y en ambos casos se tenía derecho a cobrar los llamados salarios de tramitación. Con la reforma, el abono de los salarios de tramitación sólo es posible en las dos opciones anteriores si el despedido es un representante de los trabajadores.
LOS EMPRESARIOS SE AHORRAN DINERO A COSTA DEL INEM.
El juez alega también que aunque el trabajador despedido tuviera derecho a cobrar el desempleo (caso de dos de los tres demandantes antes mencionados), la protección que recibe el trabajador en sustitución de los salarios perdidos "no sólo no es homogénea", sino que además es "manifiestamente inferior", pues la cuantía de las prestaciones por desempleo se determina en función de porcentajes sobre la base reguladora previa, sin compensar "en su integridad" el salario dejado de percibir.
Folguera entiende además que se "minora irremisiblemente" la duración de las prestaciones por desempleo a percibir por el trabajador, pues ésta depende de los periodos cotizados previamente. Así, durante el tiempo que dure el proceso judicial se va consumiendo la prestación, sin que ésta pueda recuperarse con los salarios de tramitación.
De este modo, el juez denuncia que son los trabajadores los que asumen el periodo de espera del proceso judicial con cargo a sus prestaciones por desempleo, mientras que el empresario queda eximido de costes.
Asimismo, entiende que con ello se remite también definitivamente al trabajador al desempleo, "cuyo importe se ahorra lista y llanamente el empresario", "que no tiene que devolver" al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem), encargado de gestionar las prestaciones, el importe de lo que ha sido abonado a los trabajadores.
"Ello constituye no sólo un evidente estímulo contrario a la recuperación del empleo y favorable a la generación de desempleo, sino que se ven minorados esencialmente los derechos constitucionales de los trabajadores a la protección frente al desempleo", expone Folguera que, de este modo, justifica su visión de que la reforma podría vulnerar el derecho constitucional a la asistencia y prestaciones sociales.
El juez defiende que ante el proceso de precarización "de muy diversas condiciones laborales y de favorecimiento de la flexibilidad y de las facultades empresariales" resulta "más importante la protección ante el despido".
"Sin salarios de tramitación, por lógica, la indemnización real se reducirá desde los 33 días nominalmente previstos a una cifra que estará, por esa misma lógica, entre los 20 y los 25, pero mucho más cerca de los 20 días por año, porque si el trabajador no acepta, el empresario sólo tiene que esperar a que tres o cuatro meses, si es que el juzgado no tiene retrasos, su propuesta y aun otra inferior sea finalmente bienvenida", indica Folguera.
En cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad en la reforma laboral, el juez entiende que no existe el mismo trato entre los trabajadores con derecho a paro y los que carecen de él en el caso de que el despido sea declarado improcedente y el empresario opte por la indemnización.
Fuente: Europa Press
jueves, 19 de abril de 2012
El presidente de lo Social del TS cree que la reforma laboral es "tremenda" y algunos aspectos rayan lo inconstitucional
LA LEY 3493/2012
El presidente de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo de Moliner, califica de "tremenda" y "muy grave" la reforma laboral planteada por el Gobierno y señala que alguno de sus aspectos, como los relativos a la libertad sindical, "rayan la inconstitucionalidad". Augura que es probable que para su aplicación tengan que presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías.
Así lo ha señalado Moliner en una entrevista concedida a la revista Iuris, recogida por Europa Press, en la que el presidente de la Sala Cuarta del alto tribunal explica que la reforma presentada es "tremenda" porque afecta a las bases sobre las que se ha construido el Derecho del trabajo durante mucho tiempo".
"Otra cosa es que desde el punto de vista económico o político se considere que hacía falta una reforma de esta naturaleza, en eso no voy a entrar", indica Moliner, para subrayar que, en todo caso, no debe existir ninguna duda de que la Sala de lo Social aplicará la norma que emane finalmente del legislativo.
Sobre los aspectos rayanos en inconstitucionalidad, el presidente de lo Social señala que el desarrollo legislativo de la propuesta del Gobierno de Rajoy debería cuidar aspectos como los relativos a la realidad sindical que según están planteados "podrían generar problemas".
"En algunos puntos entiendo que la libertad de los sindicatos puede verse afectada, porque la negociación colectiva acaba por diluirse en manos del empresario", explica Moliner, para subrayar seguidamente que las centrales tienen unos derechos muy claramente reconocidos en la Constitución.
Sobre otros afectos de la reforma, como las causas de despido, reconoce que no ve tan claro que puedan tildarse de inconstitucionales y que, en todo caso, se trata de temas de legislación que corresponden a otro poder del estado.
SIN MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA, MÁS LITIGIOS
Moliner también ve problemas de "indeterminación" en los términos que la reforma emplea para legislar sobre despidos colectivos, y en este caso recuerda que hasta ahora este tipo de actuaciones "tenían una especie de freno o límite que venía determinado por la autoridad laboral". Al suprimirse dicha intervención administrativa, cree que habrá mayor número de desacuerdos "que no tienen más solución que lo judicial".
Según Moliner, la reforma señala que los despidos colectivos podrán ser recurridos mediante un procedimiento especial que se ha radicado en las Salas de lo Contencios-Administrativo, con recurso de casación ante el Supremo. "Por ello los despidos colectivos tendrán acceso mucho más pronto al Supremo, que los va a tener que resolver con un esfuerzo que no sé si podrá realizar dado el volumen de asuntos que consideramos que se va ha producir", señala el magistrado.
El año pasado hubo en España más de 19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE) de los que más de 5.000 terminaron sin acuerdo entre la empresa y los trabajadores. "Si eso se produjera este año, y probablemente se produzcan éstos o más, podría llegar al Tribunal Supremo y eso no se puede absorber", calcula el presidente de lo Social.
Actualmente, la Sala de lo Social resuelve los asuntos que le llegan en menos de un año, una situación que puede cambiar sustancialmente por el nuevo procedimiento incluido en la reforma. "Si la Sala no está al día no da seguridad jurídica, porque un pleito pendiente es siempre una calamidad", según considera Moliner.
Finalmente, Moliner considera que la reforma parece encaminada a "facilitar las modificaciones y restricciones de contrato, "pero utiliza conceptos jurídicos indeterminados que deben ser interpretados por el Tribunal Supremo".
Además, augura que "es probable" que el alto tribunal tenga que plantear alguna cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional".
Fuente: Europa Press
El presidente de lo Social del Tribunal Supremo, Gonzalo de Moliner, califica de "tremenda" y "muy grave" la reforma laboral planteada por el Gobierno y señala que alguno de sus aspectos, como los relativos a la libertad sindical, "rayan la inconstitucionalidad". Augura que es probable que para su aplicación tengan que presentar cuestiones de inconstitucionalidad ante el tribunal de garantías.
Así lo ha señalado Moliner en una entrevista concedida a la revista Iuris, recogida por Europa Press, en la que el presidente de la Sala Cuarta del alto tribunal explica que la reforma presentada es "tremenda" porque afecta a las bases sobre las que se ha construido el Derecho del trabajo durante mucho tiempo".
"Otra cosa es que desde el punto de vista económico o político se considere que hacía falta una reforma de esta naturaleza, en eso no voy a entrar", indica Moliner, para subrayar que, en todo caso, no debe existir ninguna duda de que la Sala de lo Social aplicará la norma que emane finalmente del legislativo.
Sobre los aspectos rayanos en inconstitucionalidad, el presidente de lo Social señala que el desarrollo legislativo de la propuesta del Gobierno de Rajoy debería cuidar aspectos como los relativos a la realidad sindical que según están planteados "podrían generar problemas".
"En algunos puntos entiendo que la libertad de los sindicatos puede verse afectada, porque la negociación colectiva acaba por diluirse en manos del empresario", explica Moliner, para subrayar seguidamente que las centrales tienen unos derechos muy claramente reconocidos en la Constitución.
Sobre otros afectos de la reforma, como las causas de despido, reconoce que no ve tan claro que puedan tildarse de inconstitucionales y que, en todo caso, se trata de temas de legislación que corresponden a otro poder del estado.
SIN MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA, MÁS LITIGIOS
Moliner también ve problemas de "indeterminación" en los términos que la reforma emplea para legislar sobre despidos colectivos, y en este caso recuerda que hasta ahora este tipo de actuaciones "tenían una especie de freno o límite que venía determinado por la autoridad laboral". Al suprimirse dicha intervención administrativa, cree que habrá mayor número de desacuerdos "que no tienen más solución que lo judicial".
Según Moliner, la reforma señala que los despidos colectivos podrán ser recurridos mediante un procedimiento especial que se ha radicado en las Salas de lo Contencios-Administrativo, con recurso de casación ante el Supremo. "Por ello los despidos colectivos tendrán acceso mucho más pronto al Supremo, que los va a tener que resolver con un esfuerzo que no sé si podrá realizar dado el volumen de asuntos que consideramos que se va ha producir", señala el magistrado.
El año pasado hubo en España más de 19.000 expedientes de regulación de empleo (ERE) de los que más de 5.000 terminaron sin acuerdo entre la empresa y los trabajadores. "Si eso se produjera este año, y probablemente se produzcan éstos o más, podría llegar al Tribunal Supremo y eso no se puede absorber", calcula el presidente de lo Social.
Actualmente, la Sala de lo Social resuelve los asuntos que le llegan en menos de un año, una situación que puede cambiar sustancialmente por el nuevo procedimiento incluido en la reforma. "Si la Sala no está al día no da seguridad jurídica, porque un pleito pendiente es siempre una calamidad", según considera Moliner.
Finalmente, Moliner considera que la reforma parece encaminada a "facilitar las modificaciones y restricciones de contrato, "pero utiliza conceptos jurídicos indeterminados que deben ser interpretados por el Tribunal Supremo".
Además, augura que "es probable" que el alto tribunal tenga que plantear alguna cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional".
Fuente: Europa Press
viernes, 23 de marzo de 2012
INFORMACIÓN SOBRE LA HUELGA GENERAL
Sección Sindical de UGT en C.A.C.S.A.
INFORMACIÓN SOBRE LA HUELGA GENERAL
Como sabréis, el próximo jueves día 29 de marzo, los sindicatos UGT y CCOO, han convocado una Huelga general que tiene como lema QUIEREN ACABAR CON LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES, CON TODO.
Desde la sección sindical de UGT en CAC, queremos informaros de qué supone una huelga general, porqué se convoca, y de como se debe afrontar.
¿En que consiste la huelga general?
-Los trabajadores no acuden a su puesto de trabajo ese día como señal de protesta ante las acciones de los Gobiernos. Los trabajadores no tienen obligación de avisar al empresario de que no van a ir a trabajar.
-La retribución que el empresario puede detraer por cada día de huelga comprende el salario de la jornada, la parte proporcional de las pagas extraordinarias y la parte proporcional de la retribución de los días de descanso semanal correspondiente a la semana en que se produce la huelga.
-Si la huelga afecta a la totalidad de la jornada, el trabajador permanece en situación de alta especial en la Seguridad Social mientras dure la huelga, lo que supone el mantenimiento del alta formal pero con suspensión de la obligación de cotizar por parte del empresario y del propio trabajador y por ello el estado deja de ingresar el 28-30% aproximadamente, del salario afectado por cada trabajador que la secunde.
-Va asociada a una huelga de consumo. Es decir, ni se produce, ni se compra, ni se vende. No se beneficia a los empresarios que abren sus comercios amenazando a sus empleados con despedirlos si hacen huelga.
-Se participa en concentraciones y movilizaciones de protesta que se convocan en todas las ciudades.
¿Cual es el objetivo?
-Demostrar el malestar ciudadano como consecuencia de las acciones políticas llevadas a cabo por el gobierno.
-Dejar de ingresar dinero al estado con el fin de que se siente a negociar condiciones beneficiosas para todos y no sólo para unos pocos (estado democrático).
-Que los empresarios que ejercen políticas de miedo con sus empleados y abren sus comercios no obtengan beneficios.
Los motivos:
-La retirada de la reforma laboral
-Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de trabajo
-Defender los servicios públicos y las políticas sociales
-Una nueva política fiscal más justa
Si tenéis dudas podéis poneros en contacto con nosotros escribiendo a ugtcac@hotmail.com, en la extensión 74668, o visitando nuestro blog: www.ugtcac.blogspot.com
jueves, 22 de marzo de 2012
primer plazo de presentación de enmiendas a la reforma laboral
El Congreso fija el 26 de marzo como primer plazo de presentación de enmiendas a la reforma laboral
LA LEY 2687/2012
El Congreso de los Diputados ha abierto un primer plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral, que concluirá el próximo 26 de marzo, tres días antes de la huelga general convocada por los sindicatos contra esta medida del Gobierno.
El texto del Ejecutivo fue convalidado por el Pleno del Congreso el pasado jueves con el apoyo del PP, CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Foro de Asturias (FAC), y tras ser aceptado su trámite como proyecto de ley, dio comienzo su andadura parlamentaria, aunque por el procedimiento de urgencia ya que procede de un decreto ley.
Una vez publicado el proyecto de ley, el siguiente paso será ahora el registro de enmiendas, cuyo plazo inicial será sólo de ocho días y que concluye el próximo día 26, aunque podría prorrogarse a instancias de los grupos parlamentarios.
PSOE E IU PRESENTARÁN TEXTO ALTERNATIVO.
Los socialistas ya avanzaron que van a registrar una enmienda a la totalidad, que al tratarse de un proyecto de ley surgido de un decreto ley convalidado requiere presentar un texto alternativo. El PSOE se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, así como en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.
Al igual que ellos, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también tienen intención de hacer lo propio, según ha venido señalando su coordinador general, Cayo Lara, que también habló de la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.
ANTES A SINDICATOS Y EMPRESARIOS.
Para preparar esas enmiendas, el grupo parlamentario que capitanea Soraya Rodríguez también ha solicitado formalmente a comparecencia en el Congreso de los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT, así como de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, a poder ser antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas, para que expongan su visión de la reforma laboral.
El objetivo de esta petición, según explicó el PSOE, es que el Gobierno escuche a los agentes sociales y modifique en buena parte su reforma laboral, lo que podría traer consigo la desconvocatoria de la huelga general del próximo día 29.
Una vez que se cierre el plazo de enmiendas, habrá de convocarse un debate de totalidad, que como pronto podría ser el mismo día 29 de marzo en que está convocada la huelga general, o bien el 12 de abril, después de la Semana Santa.
El siguiente paso, dando por hecho que la mayoría absoluta del PP tumbará los textos alternativos que pueda presentar la oposición, se entrará en la negociación de las enmiendas parciales para retocar el articulado del proyecto de ley. Mientras discurre todo este proceso, el decreto ley está en vigor desde el día siguiente en que lo aprobara el Consejo de Ministros.
Fuente: Europa Press
http://laleydigitalespecializadas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LMXpzv07O7u7T/Y+4WXed0U1fKzvZ3dvZ17u5/ig+L8+mk1fXO9yj87z8om/4WLrG3z+rPn2aSqs1L//L3y68++OH5z+urs+P8BqvpomFYAAAA=WKE
LA LEY 2687/2012
El Congreso de los Diputados ha abierto un primer plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral, que concluirá el próximo 26 de marzo, tres días antes de la huelga general convocada por los sindicatos contra esta medida del Gobierno.
El texto del Ejecutivo fue convalidado por el Pleno del Congreso el pasado jueves con el apoyo del PP, CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el Foro de Asturias (FAC), y tras ser aceptado su trámite como proyecto de ley, dio comienzo su andadura parlamentaria, aunque por el procedimiento de urgencia ya que procede de un decreto ley.
Una vez publicado el proyecto de ley, el siguiente paso será ahora el registro de enmiendas, cuyo plazo inicial será sólo de ocho días y que concluye el próximo día 26, aunque podría prorrogarse a instancias de los grupos parlamentarios.
PSOE E IU PRESENTARÁN TEXTO ALTERNATIVO.
Los socialistas ya avanzaron que van a registrar una enmienda a la totalidad, que al tratarse de un proyecto de ley surgido de un decreto ley convalidado requiere presentar un texto alternativo. El PSOE se basará en la reforma realizada en 2010 por el Gobierno de Zapatero y contra la que se convocó una huelga general, así como en el acuerdo alcanzado por los agentes sociales a finales de enero en relación con la moderación salarial y la negociación colectiva.
Al igual que ellos, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) también tienen intención de hacer lo propio, según ha venido señalando su coordinador general, Cayo Lara, que también habló de la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma.
ANTES A SINDICATOS Y EMPRESARIOS.
Para preparar esas enmiendas, el grupo parlamentario que capitanea Soraya Rodríguez también ha solicitado formalmente a comparecencia en el Congreso de los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT, así como de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, a poder ser antes de que concluya el plazo de presentación de enmiendas, para que expongan su visión de la reforma laboral.
El objetivo de esta petición, según explicó el PSOE, es que el Gobierno escuche a los agentes sociales y modifique en buena parte su reforma laboral, lo que podría traer consigo la desconvocatoria de la huelga general del próximo día 29.
Una vez que se cierre el plazo de enmiendas, habrá de convocarse un debate de totalidad, que como pronto podría ser el mismo día 29 de marzo en que está convocada la huelga general, o bien el 12 de abril, después de la Semana Santa.
El siguiente paso, dando por hecho que la mayoría absoluta del PP tumbará los textos alternativos que pueda presentar la oposición, se entrará en la negociación de las enmiendas parciales para retocar el articulado del proyecto de ley. Mientras discurre todo este proceso, el decreto ley está en vigor desde el día siguiente en que lo aprobara el Consejo de Ministros.
Fuente: Europa Press
http://laleydigitalespecializadas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LMXpzv07O7u7T/Y+4WXed0U1fKzvZ3dvZ17u5/ig+L8+mk1fXO9yj87z8om/4WLrG3z+rPn2aSqs1L//L3y68++OH5z+urs+P8BqvpomFYAAAA=WKE
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